DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Experto destaca la pertinencia del decreto presidencial para liberar a presos
El universitario y doctor en derecho, Gonzalo Armienta Hernández, reconoció como pertinente el decreto presidencial que entró en vigencia el pasado 25 de agosto para liberar a los internos cuya única prueba condenatoria se hubiese obtenido bajo tortura comprobada, para quienes llevan más de 10 años presos con un proceso sin concluir, para los mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas o terminales, y para los mayores de 70 años; debido a las fallas de implementación de la Ley de Amnistía.
El también coordinador de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho Culiacán, aplaudió que, desde el ejecutivo, se haya establecido esta medida porque numerosos presos en México no han pasado por un debido proceso de condena, “fueron torturados, se les sembraron pruebas, no tuvieron un abogado en el momento preciso, se extralimitaron con la prisión preventiva, no se les concedió un traductor”, o cualquier otra causa que el jurista mencionó.
“Y esas son precisamente las que el presidente sí tiene facultades para proceder a otorgarles, no tanto el perdón, sino la posibilidad de que estén en libertad, que eso viene siendo el decreto presidencial”, sostuvo.
Sin embargo, señaló que dicho decreto presidencial no funciona por sí solo, sino que debe acompañarse de un proceso jurisdiccional tanto de la autoridad federal como de las autoridades locales especialistas en la materia.
“Los jueces de ejecución de sanciones deben fundamentar las causas por las cuales se está ordenando a los centros penitenciarios que se deje a alguien en libertad. El director del centro penitenciario no puede soltarlo nada más por una orden. No. Debe seguirse todo un procedimiento para que queden en libertad”, explicó.
Aun así y gracias a esta medida presidencial, anunció que en Sinaloa quince reclusos del penal de Aguaruto tuvieron la posibilidad de comenzar su proceso de amnistía este 15 de septiembre pasado por haber cometido delitos menores o “no graves”.
“Y eso es muy positivo para la defensa y cumplimiento real de los derechos humanos de los individuos que debe respetarse, ya que en un régimen democrático lo más importante que debe hacer un gobierno es el respeto irrestricto a los derechos humanos; y, por otra parte, todos conocemos el gran hacinamiento que hay en los reclusorios […] que muchas veces no tienen por qué estar presos o, insisto, no representan un peligro para la sociedad el hecho de que estén en libertad”, declaró por último.
Sursum Versus
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
