DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La Fiscalía y el Juez violan el debido proceso permitiendo que en las audiencias participe un asesor jurídico que nadie nombró, acusan defensores universitarios
La Fiscalía General del Estado y el Juez de Control Carlos Alberto Herrera están violando el debido proceso al permitir que en las audiencias participe un Asesor Jurídico que nadie nombró y al hacer caso omiso de la determinación de un Juez Federal de llamar a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) como interesada u ofendida para que sea quien nombre a su asesor jurídico.
Durante la audiencia para revisión de medidas cautelares en contra del doctor Jesús Madueña Molina y doctor Robespierre Lizárraga Otero, que se difirió para el 13 de febrero, el abogado defensor doctor Milton Ayala Vega informó al Juez y corrió vista a la Fiscalía del auto emitido por el Juez Segundo de Distrito sobre el amparo 1255/2023.
Al salir de la audiencia Ayala Vega detalló que el Juez estableció que en ese amparo y en esa causa, como se trata de auditoría de recursos propios y ya se determinó por los tribunales colegiados que los recursos propios de la Universidad o autogenerados son particulares, el Juzgado Segundo en el mes de diciembre determinó que la Universidad tenía el carácter de tercero interesado u ofendido en esta causa y debe ser llamada para que nombre un asesor jurídico.
“Por lo tanto el Juez de Control tendría la obligación de llamarla, pero ante esas injusticias que ustedes ven es claro que se resistieron aún cuando teníamos la determinación, sobre todo cuando a ellos ya les notificaron esas determinaciones (…) le corrimos vista a la Fiscalía porque el asesor indebidamente, quien está cometiendo un delito es el asesor jurídico porque nadie lo ha nombrado y está interviniendo en un proceso del cual no es parte”, dijo Ayala Vega ante medios de comunicación.
Precisó que la obligación del Juez de Control es vigilar que el proceso se lleve a cabo y llamar a la Universidad para que nombre a un asesor jurídico y lo que se presenta es una violación al debido proceso porque está un asesor que nadie ha nombrado lo que impactaría en una sentencia o en una absolución que tuviera que dar lugar a una reposición del proceso y eso es lo que la Universidad quiere evitar para que esto fluya.
Indicó que si estuviéramos en un real estado de derecho o si se estuviera aplicando la Ley conforme lo mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución el Juez de Control estaría obligado a llamar a la Universidad.
“Sin embargo ahorita, aun cuando se traía la resolución, se les dijo que ellos tienen acceso al expediente, se les dijo que teníamos el documento, el juez hizo oídos sordos a eso, eso obviamente afecta en el procedimiento (…) de oficio el juez al advertir cómo estaba el estado de cosas ordenó llamar a la UAS; ¿la verdad que ves el tema y el sesgo en un proceso donde quienes están violando la Ley son ellos (..) al asesor jurídico victimal quién lo nombró? ¿De dónde salió o por qué está? y ¿por qué lo están dejando actuar? obviamente porque hay componendas”, opinó.
Durante la audiencia Lizárraga Otero, quien acudió enfermo, le solicitó al Juez un extrañamiento para la Fiscal General del Estado, Sara Bruna, por las expresiones que de manera personal hizo ante medios de comunicación sobre la amenaza velada a los médicos que extiendan una incapacidad a los universitarios que son llamados a audiencias.
“Acudo aquí con una afección respiratoria, puede solicitar incapacidad por mi salud, pero los médicos se sienten amedrentados porque si me extienden incapacidad Sara Bruna mandará policías a investigarlos y hostigarlos, como ya lo están haciendo con funcionarios universitarios”, externó por lo que pidió al Juez que haga valer las obligaciones que tiene y le recuerde a la Fiscalía las que ella tiene.
“Es evidente aquí la posición de odio y una posición personal alejada de toda imparcialidad, autonomía y deber de lealtad con la Ley y la verdad que mueven a estos funcionarios”, manifestó Lizárraga Otero.
La audiencia se difirió porque el abogado de Lizárraga Otero no se presentó, por lo cual fue revocado, fue citado para el 6 de febrero a presentarse con su nuevo abogado para tomarle protesta.
Por su parte el doctor Jesús Madueña Molina, calificó de lamentables las declaraciones de la Fiscal y consideró que debería de cuidar lo que declara dada la persecución política que viven los universitarios, señaló que aquí la ofendida es la Universidad y sus autoridades, y van a seguir asistiendo como siempre esperando que se tenga imparcialidad en la impartición de justicia aquí en el estado.
Sursum Versus
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
