DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Entre la seguridad y la libertad de expresión: El dilema de la nueva reforma en Sinaloa; llama especialista a revisar la constitucionalidad
La reciente reforma aprobada por la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, que prohíbe la reproducción de música y contenidos audiovisuales que hagan apología del delito o enaltezcan la violencia en espacios públicos, ha desatado un debate sobre sus alcances jurídicos y constitucionales.
Al respecto, el doctor Gonzalo Armienta Hernández, coordinador de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), señaló que cualquier medida de esta naturaleza debe analizarse a la luz del artículo 6° de la Constitución Mexicana, el cual protege la libertad de manifestación de las ideas, salvo cuando se vulneren derechos de terceros, la moral o la vida privada.
El especialista consideró que estas restricciones deben sustentarse en criterios jurídicos claros y respetar los principios fundamentales del Estado de derecho. Explicó que, si bien existen expresiones musicales cuyos mensajes resultan perjudiciales al promover de manera directa conductas ilícitas o fomentar la violencia, es necesario distinguir entre aquellas manifestaciones que representan una afectación social real y las que forman parte de expresiones culturales o regionales sin incitar al delito.
Esta nueva disposición legal busca impedir que en espacios bajo control de las autoridades —como escuelas, transporte público y eventos oficiales— circulen contenidos que fomenten, justifiquen o presenten como aceptables conductas vinculadas con actividades ilícitas. Sin embargo, Armienta Hernández advirtió que confiar exclusivamente en las prohibiciones no garantiza resultados efectivos para atender problemáticas complejas.
“Las restricciones, en algunos casos, pueden generar un efecto contrario al esperado y despertar un mayor interés por los contenidos que se buscan limitar, razón por la que considero importante analizar cuidadosamente el impacto de este tipo de políticas públicas”, expuso.
Finalmente, el académico sostuvo que las políticas orientadas a prevenir la violencia deben buscar un equilibrio entre la protección del interés público y el respeto a las libertades fundamentales. Enfatizó que la vía más relevante para impulsar cambios sociales de largo plazo es el fortalecimiento de la cultura, la educación y la formación cívica.
Sursum Versus
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